Una vez más, la realidad copia a "nodos en la red", amigos. Hace algunas semanas os hablaba de una medida contra la crisis de la que nadie querría hablar: obligar a todo Dios a pagar puntualmente, a ser posible a no más de 30 días fecha factura. Es más, recomendaba a los responsables de la Administración Pública que comenzaran por dar ejemplo en sus pagos. Esta semana he sabido a través del diario Expansión [el pasado jueves 9 de abril, página 17], que la UE obligará al sector público a pagar en 30 días.
La Comisión Europea tratará de ayudar a las empresas obligando a las AAPP de la Unión a pagar antes o, en su defecto, pagar intereses de demora, así como una compensación por los costes de cobro y otra "a tanto alzado equivalente al 5% de la cantidad adeudada". La cuestión no es menor, teniendo en cuenta que los pagos tardíos en la UE ascienden a unos 1900 millones de euros, de los cuales más de 1200 millones corresponden a las AAPP. Para mi, esto es aún más sangrante teniendo en cuenta la efectividad recaudatoria de Hacienda [volveré sobre este tema en otra entrada].
Sinceramente, lo incomprensible es que hayan tardado tanto en decidirse.